La resolución de conflictos y la cooperación relacional aspectos de mejora para la Reforma de la Ley General Tributaria

Pablo Chico de la Cámara; Abelardo Delgado; Ginés Navarro; Ricardo Gómez-Acebo; Luis Briones y Maximino LinaresLa Fundación Impuestos y Competitividad valora, a priori, positivamente la actual reforma de la Ley General Tributaria por tres razones fundamentales: es un elemento necesario en el cierre de la reforma tributaria; responde a la necesaria regulación en determinadas cuestiones hasta ahora no contempladas; y porque manifiesta la intención de reforzar la seguridad jurídica, reducir la litigiosidad, prevenir el fraude fiscal e incrementar la eficacia de la actuación administrativa.

A pesar de su valoración positiva, desde la Fundación Impuestos y Competitividad consideran imprescindible señalar que también se echan en falta algunos aspectos que podían haberse tenido en cuenta, como incluir alguna de las medidas alternativas de resolución de conflictos o la entrada de soluciones de “cumplimiento cooperativo”.

Aspectos positivos a destacar

Para la Fundación, la reforma es un necesario elemento de cierre de la reforma tributaria siendo, como es, una pieza esencial en el ordenamiento tributario no tanto para regular los “tributos” como para determinar su “aplicación”, aspecto relevante a juicio de la Fundación para evaluar la idoneidad del sistema tributario.

Además, responde a la necesaria regulación de algunas cuestiones, como el desarrollo de la reforma del Delito contra HP, pendiente de concreción desde la reforma introducida por la Ley Orgánica 7/2012; o como el procedimiento para la recuperación de ayudas de Estado, no expresamente contemplado en nuestro ordenamiento hasta ahora.

Asimismo, también valoran positivamente la reforma porque aspira a:

  • Reforzar la seguridad jurídica
  • Reducir la litigosidad
  • Prevenir el fraude fiscal
  • Incrementar la eficacia de la actuación administrativa

Según la Fundación, la tramitación parlamentaria del proyecto se está realizando con mayor pausa de lo que ha sucedido en otros procesos legislativos recientes. A día de hoy sigue abierto, de momento hasta el próximo 23 de junio, el plazo para presentación de enmiendas ante la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas del Congreso de los Diputados, dilatándose así un trámite que se inició el pasado 21 de mayo.

No obstante, esta tramitación, abre la puerta a la esperanza de que en el debate parlamentario se puedan abordar y mejorar algunas de las omisiones o posibles defectos que la Fundación detecta.

Valoración crítica de la actual reforma.

El ámbito de la reforma es muy amplio, por lo que la Fundación ha centrado sus valoraciones en algunos aspectos concretos relacionados con la seguridad jurídica, que, a su juicio, es principio esencial y requisito imprescindible para la “competitividad” de nuestro sistema tributario, objetivo al que aspira contribuir.

En este sentido, y atendiendo a lo que se ha hecho, la valoración crítica se centra en algunos aspectos esenciales, reiterando en gran medida las posturas críticas del CGPJ y Consejo de Estado, que hay que poner en valor:

  • La sancionabilidad del conflicto en aplicación de la norma. Suscita dudas sobre su respeto a los principios de legalidad y certeza exigibles en materia sancionadora.
  • El reforzamiento muy notable de la capacidad de la Administración Tributaria para “controlar” la interpretación normativa.
  • Modificación del régimen de la prescripción y plazos de comprobación inspectora. La extensión de los plazos de prescripción, así como los de duración de la comprobación inspectora, y la supresión de efectos para la interrupción injustificada de la actuación administrativa introducen claramente incertidumbre y menor seguridad jurídica.
  • Desarrollo del nuevo régimen de Delito contra la Hacienda Pública. Se echan en falta mayores garantías, en la denominada “fase preprocesal”, en el control de las medidas cautelares, o en la impugnabilidad de liquidaciones ligadas al fraude delictivo.
  • Publicación de la lista de deudores. Esta solución suscita numerosas dudas, y la regulación prevista adolece de falta de plenas garantías formales; tal vez debería ponderarse su supresión, si prospera la iniciativa, en vía de Ley Orgánica, de publicación de las sentencias de fraude fiscal.

Propuestas a incluir

Tras el análisis de los diversos puntos de la reforma positivos y críticos, la Fundación ha detectado algunas cuestiones que debían haberse tenido en cuenta:

  • Incentivar el cumplimiento voluntariode obligaciones tributarias, con medidas que hubiesen dado entrada a soluciones de “cumplimiento cooperativo”; “cooperación reforzada” o incluso declaraciones de operaciones potencialmente elusivas, en línea con las soluciones de Derecho Comparado en países de nuestro entorno.
  • Para la reducción de la litigiosidad, se echa en falta la inclusión de alguna de las denominadas “medidas alternativas de resolución de conflictos”. La Fundación, de hecho, acaba de presentar un proyecto sobre esta materia.
  • Sería deseable la adecuación de nuestro ordenamiento a la corriente internacional en cuanto a “cláusulas antiabuso”. También uno de los asuntos tratados en el último proyecto presentado por la Fundación.