Informe sobre la reforma tributaria 2014. La seguridad jurídica, clave para mejorar el sistema.

Informe sobre la reforma tributaria 2014. La seguridad jurídica, clave para mejorar el sistema.

La seguridad jurídica, clave para mejorar el sistema. La Fundación Impuestos y Competitividad propone 10 acciones concretas para que la próxima Reforma Fiscal garantice esa seguridad jurídica.

La calidad de los sistemas tributarios se mide cada vez en mayor medida por el grado de seguridad jurídica que ofrecen. De poco vale aprobar medidas fiscales destinadas a favorecer la actividad productiva y la creación de empleo si su capacidad para generar resultados reales queda reducida debido a la falta de confianza de los operadores económicos respecto de la posterior interpretación y aplicación efectiva de dichas medidas por parte de las autoridades y respecto de su mantenimiento estable en el tiempo.

La seguridad jurídica tiene valor por sí misma al ser elemento central de un Estado de Derecho. Pero en materia tributaria es también clave para el logro de los principios tributarios básicos de competitividad, equidad y suficiencia.

La vinculación de la seguridad jurídica con la competitividad es manifiesta. Las decisiones empresariales de inversión, contratación o financiación, incluyendo la primera y básica (emprender o no una nueva actividad económica), son en su mayor parte decisiones a largo plazo, que tienen muy presente el grado de confianza que el sistema tributario ofrezca. Además, la seguridad jurídica favorece la libre competencia y, por esa vía, la eficaz asignación de recursos.

Los dos estudios más importantes a escala mundial que miden  los determinantes de  la competitividad de  los países son el Informe de competitividad mundial y el Anuario de competitividad mundial, el primero desarrollado por el Foro Económico Mundial (WEF) y el segundo por el Instituto Internacional para el Desarrollo de la Capacidad de Gestión (IMD).En ambos estudios la confianza y estabilidad del sistema jurídico de cada país es uno de los aspectos básicos presente en todos los “pilares” de medición de la competitividad.

La mejora de la seguridad jurídica también sirve a la equidad, porque ayuda a evitar tratamientos discriminatorios o injustificadamente desiguales a personas o empresas en situaciones objetivas asimilables.

En cuanto al principio de suficiencia, a medio y largo plazo la capacidad recaudatoria de un sistema fundado en la seguridad jurídica siempre será mayor – al propiciar la creación de riqueza y el crecimiento de las bases tributarias – que la proporcionada por un sistema poco confiable y volátil.

La Fundación Impuestos y Competitividad ha identificado aquellos ámbitos del sistema tributario español a los que la reforma tributaria en curso debiera prestar una especial atención para elevar su calidad desde la óptica de la seguridad jurídica. Las propuestas son las 10 siguientes:

  1. Armonizar las normas, procedimientos y obligaciones formales existentes en las distintas administraciones y reforzar la obligación de coordinación, minimizando la inseguridad y coste para los contribuyentes derivados de la multiplicidad de administraciones, normas e interpretaciones.
  2. Mejorar el proceso de creación normativa, asegurando la calidad técnica de las leyes tributarias, la participación social en su debate, la irretroactividad de los cambios normativos y el otorgamiento a los contribuyentes de un plazo razonable para el cumplimiento de las obligaciones impuestas por la nueva normativa.
  3. Regular de forma clara y concreta las medidas anti-abuso de la normativa tributaria interna, evitando la aplicación de instituciones jurídicas ajenas al derecho tributario y medidas ambiguas que puedan causar litigiosidad.
  4. Reducir la incertidumbre existente en relación con la interpretación de las normas tributarias, haciendo un uso más intenso y eficiente de la facultad reglamentaria y estableciendo mecanismos que permitan obtener certeza sobre el régimen fiscal aplicable al caso concreto.
  5. Establecer sistemas alternativos de relación reforzada entre la Administración y las empresas.
  6. Establecer mecanismos alternativos para la resolución de los conflictos con la Administración que permitan aumentar la seguridad jurídica y reducir la litigiosidad, tales como el arbitraje, y adecuar las normas procesales para agilizar los procedimientos y establecer con rapidez y eficacia criterios de carácter general.
  7. Mejorar los mecanismos de resolución de conflictos derivados de la adopción de posiciones diferentes por las administraciones públicas de diversos países cuando es de aplicación un Convenio para evitar la Doble Imposición y revisar la eficacia y mejorar los instrumentos existentes para dotar a los contribuyentes de mayor seguridad jurídica.
  8. Mejorar la regulación de algunas de las facultades de revisión de la Administración y limitarlas en determinadas materias (prescripción, procedimiento sancionador, etc.) para evitar la discrecionalidad.
  9. Revisión, sistematización y simplificación de las innumerables obligaciones formales que se imponen a los empresarios/contribuyentes.
  10. Modificación del régimen sancionador, evitando el automatismo en la imposición de sanciones y asegurando que no tienen trascendencia penal meras diferencias de interpretación.

Para más información sobre cada propuesta, consúltese el INFORME aquí

Informe sobre las novedades introducidas en la nueva regulación del delito fiscal: Algunas propuestas de mejora

Informe sobre las novedades introducidas en la nueva regulación del delito fiscal: Algunas propuestas de mejora

La Fundación Impuestos y Competitividad publica su nuevo libro: “Informe sobre las novedades introducidas en la nueva regulación del delito fiscal: Algunas propuestas de mejora”

Descargar el informe completo

Progreso económico y certidumbre jurídica son dos conceptos que están indisolublemente unidos. Las normas jurídicas han de ser claras y precisas, singularmente cuando se trata de definir ámbitos de actuación coactiva por parte de los poderes públicos. Sólo de esta forma el ordenamiento jurídico se convierte en el campo abonado donde podrá germinar la generación de riqueza colectiva.

En los últimos meses hemos asistido a una cascada de novedades legislativas que inciden directamente en el mundo económico. Una gran parte de ellas están vinculadas al derecho tributario y van dirigidas a la consecución de un doble objetivo:

  • Incrementar la presión fiscal, a los efectos de intentar reducir el déficit público;
  • Incrementar las potestades o prerrogativas que ostenta la Administración Tributaria en el control de los contribuyentes y en la lucha contra el fraude fiscal.

Incardinado dentro del segundo de los objetivos se halla la reforma del delito fiscal (Ley Orgánica 7/2012, de 27 de diciembre, BOE 312 de 28 de diciembre de 2012).

Dicha reforma exige un análisis riguroso de las novedades introducidas en la nueva regulación del delito fiscal así como propuestas de mejora con el fin de garantizar la salvaguarda de los pilares anteriormente referidos, progreso económico y certidumbre jurídica.

Con ese objetivo, la Fundación Impuestos y Competitividad ha publicado, de la mano de la editorial e-Praxis, el libro bajo el título “Informe sobre las novedades introducidas en la nueva regulación del delito fiscal: Algunas propuestas de mejora”. Son autores del mismo Miró Ayats Vergés y Jordi de Juan Casadevall socios de Cuatrecasas GonÇalves Pereira, que han contado con la intervención de otros profesionales de los despachos integrados en la Patronato de la Fundación

La publicación pretende identificar los principales problemas que presentan las novedades introducidas en la nueva regulación del delito fiscal y ofrece una serie de recomendaciones y propuestas de mejora con el objeto de proteger la seguridad jurídica como motor de desarrollo económico; para ello evalúa la nueva regulación del delito fiscal tomando como referencia su evolución normativa en España así como la regulación de esta figura en el derecho comparado. El trabajo también aborda de forma específica la problemática jurídica que plantea la nueva posibilidad de cobro en vía administrativa en el transcurso de un proceso por delito fiscal.

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Segunda conferencia sobre la Reforma Tributaria: “Tratamiento de la rentas empresariales, especial referencia al impuesto sobre sociedades”

Segunda conferencia sobre la Reforma Tributaria: “Tratamiento de la rentas empresariales, especial referencia al impuesto sobre sociedades”

La Fundación Impuestos y Competitividad, ha celebrado hoy la segunda conferencia del ciclo sobre  “La reforma del sistema tributario: su análisis desde la perspectiva de la empresa y el objetivo de la competitividad”. Para su organización ha contado con el apoyo del grupo editorial Wolters Kluwer y de la Confederación Española de Cajas de Ahorro en cuya sede ha tenido lugar el acto.

  • Madrid, 27 de Noviembre de 2013.-La Fundación Impuestos y Competitividad reunido  ayer a algunos de los más reputados expertos en Derecho Tributario en la sede de la CECA para discutir  las líneas directrices de la reforma tributaria en cuanto al  Impuesto sobre Sociedades. Se trata de la segunda conferencia del ciclo sobre La reforma del sistema tributario: su análisis desde la perspectiva de la empresa y el objetivo de la competitividad”, organizado por la Fundación.

Abrió el acto D. Antonio López Poza en representación de CECA que expreso su satisfacción por acoger una jornada de esta naturaleza en una casa con tradición en el estudio de los asuntos fiscales, no en vano varios de las miembros de la Comisión de Expertos para el estudio de la reforma del Sistema Tributario habían formado parte del área fiscal de la CECA en años anteriores.

A continuación intervino Dª. Pilar González de Frutos vicepresidente de CEOE.- invitada a presidir el acto por la Fundación Impuestos y Competitividad- que antes de ceder la palabra a los ponentes manifestó como la incertidumbre propia de la actual situación económica podía suponer una oportunidad para cambiar el sistema tributario y conseguir que este fuese una ayuda para superar la crisis y constituir un nuevo marco estable a futuro; debiendo aspirar con ese nuevo sistema tributario a fomentar el desarrollo, el crecimiento, la competitividad y la proyección internacional de las empresas españolas.

El acto contó con tres ponencias y un debate final. La primera ponencia a cargo de D. Emilio Albi  Ibáñez, Catedrático de la Universidad Complutense de Madrid versó  sobre  “El enfoque general: las corrientes doctrinales, ¿la búsqueda del tratamiento homogéneo?”.  El profesor Albi, reciente autor de un libro sobre la Reforma Fiscal, empezó la ponencia enfatizando la necesidad de una reforma tributaria, que sustituya las recientes medidas fiscales caracterizadas básicamente como soluciones de emergencia y  no  como reformas coherentes de un sistema impositivo. Destacando el negativo impacto económico de esas medidas a juicio del FMI.   Reconoció en todo caso la necesidad de un aumento de la presión fiscal global, dada la baja posición española a ese respecto en comparación con los países del entorno; pero rechazando un incremento general y no diferenciado. Expresando en ese sentido su claro rechazo a la elevación de los tipos reducidos del IVA, en todo el ámbito de servicios vinculados con la actividad turística, lo que a su juicio sería gravemente perjudicial para el sector.

Entrando en consideraciones de técnica tributaria, analizó en primer lugar el tratamiento de las rentas del capital, abundando en la necesidad de corregir el impacto de la progresividad sobre las rentas del capital y el ahorro; efectuando un amplio recorrido sobre las diversas soluciones manejadas al efecto, las en vigor, con sistema duales como los establecidos en los países escandinavos, o cuasi-duales como el vigente sistema español, o fórmulas sugeridas por la doctrina, como la incorporada al informe Mirlees que con una tarifa única permiten reducir la base imponible deduciendo el rendimiento normal de una inversión, al actualizar el valor de adquisición de los distintos activos financieros al tiempo de calcular la renta tributable.

Dentro del ámbito de las rentas empresariales, desde la óptica del IRPF apuntó el obligado abandono de los regímenes de estimación objetiva, y en general la necesidad de eliminar los incentivos fiscales a favor del ejercicio empresarial sin el uso de la fórmula societaria.   En materia de impuesto sobre sociedades, hizo relación de los argumentos a favor de una reducción del tipo impositivo, que a su juicio debería quedar fijado entre el 25 y el 27 %; asumiendo que el coste recaudatorio de esta medida podría compensarse con la reducción de algunas deducciones, estimando necesario a su juicio un análisis de “coste beneficio” de las deducciones en vigor y en particular de la establecida  para actividades de I+D.

Asimismo postuló revisar el régimen las PYMES, reduciendo tipos y eliminando otras ventajas vigentes, y en general revisar los regímenes especiales, a la búsqueda de la deseable simplificación de este impuesto.

Por lo demás, defendió una transformación profunda del IS, que aumente la inversión empresarial, sugiriendo un sistema alternativo de determinación de la base imponible, mediante un único incentivo fiscal que permita una deducción por el uso de patrimonio neto o fondos propios como fuente de financiación (IS con DPN, o, en terminología inglesa, IS con ACS, «allowance for corporate equity»), calculada en torno a un 2- 2,5% de los fondos propios.

Solución que a su juicio permite excluir de tributación el rendimiento normal del capital y gravar solo las rentas económicas y el componente de rendimiento por riesgo.   Reconociendo que esa medida supondría una perdida recaudatoria, que se podría aliviar con una implantación paulatina del modelo- al estilo de la solución aplicada en Italia- admitiendo la deducción solo para la creación nueva de patrimonio neto, luego de aprobada la oportuna regulación. Recordando por lo demás, que entre los objetivos esenciales del impuesto sobre Sociedades nunca estuvo incluida la función recaudatoria.

La segunda ponencia vino de la mano de D. Eduardo Sanz Gadea, inspector de Hacienda en activo que fue durante muchos años subdirector del Impuesto sobre Sociedades en la DG de Tributos del MINHAP, y figura de referencia obligada al respecto. Desarrolló la ponencia “Las soluciones del Impuesto sobre Sociedades: la relación entre base imponible y contabilidad, otras cuestiones” Tras rechazar su cualificación para sugerir a ninguna instancia oficial criterios de una posible reforma, se manifestó desde su experiencia de “viejo funcionario” dispuesto ante un auditoria de expertos y amigos a efectuar alguna reflexión, posiblemente rompedora respecto del “modelo tradicional” del impuesto sobre Sociedades.

En perspectiva histórica reconoció haber estado deslumbrado mucho tiempo por la relación entre contabilidad y base imponible del impuesto, que estimaba aspecto esencial de esta figura. Sin embargo, ahora tenía claro que ése era un aspecto adjetivo del impuesto, y que lo esencial es si el impuesto da satisfacción a los objetivos más dignos de la fiscalidad, neutralidad, eficacia, competitividad, equidad, sencillez.

Estimando que la actual regulación del impuesto no da satisfacción a esos principios, en cuanto que no es neutro, remarcando las disparidades en el tratamiento de la financiación, según se efectúe con capitales propios a ajenos, enfatizando en particular la sobrecarga fiscal que en la actualidad soportan los dividendos frente a los intereses, tras la eliminación en el IRPF de la deducción por percepción de dividendos tras la Ley 35/2006. Además el impuesto no es eficaz, no fomenta la competitividad, y no es equitativo porque su complejidad y el posible recurso abusivo a alguna de sus soluciones -en particular por las empresas con más posibilidades y mayor presencia en los mercados internacionales- supone que no se pague por todos en condiciones de igualdad; siendo claro desde luego que no es sencillo y su régimen actual “nos complica la vida”.

Abundando en la idea de que esa complejidad propicia que algunos valores esenciales sean preteridos, y que junto a posibles excesos de una planificación fiscal agresiva de algunas empresas, se puedan dar excesos administrativos y una posible quiebra de la seguridad jurídica. Recapitulando esta primera valoración con la conclusión de que esa complejidad del impuesto no ha venido tanto de la contabilidad como de la propia normativa de esta figura, y que a su juicio el abandono de la contabilidad para el cálculo de la base imponible, que algunos postulan, no ayudará a la simplificación del impuesto.

Dentro del análisis de la complejidad apuntó dos áreas especialmente propensas a la misma, en primer lugar, el resultado financiero, señalando como actualmente están fuera de la base imponible del impuesto algunos dividendos o plusvalías obtenidas por las empresas, una parte de los gastos financieros tras las reformas introducidas a ese respecto, así como el deterioro  de las participaciones, o parte de los resultados negativos por transmisión de participaciones, o los vinculados a establecimiento permanentes en el extranjero; apuntó el rechazo por la Comisión Europea a soluciones de estructuras financieras determinantes de doble no imposición, y a la confirmación en sede de la Audiencia Nacional de situación en esa línea y el rechazo de las mismas por la AEAT.

Recalcó asimismo la enorme complejidad de los derivados, la inseguridad que ofrece su tratamiento, y las enormes posibilidades de transferencia de rentas que conllevan. Ante ese cumulo de dificultades sugirió que sería bueno crear un impuesto que limitase todas esas posibilidades, sugiriendo el denominado modelo CBIT (Comprehensive Business Income Tax) como posible solución, al excluir los componentes del resultado financiero, haciendo coincidir la base imponible con el resultado de explotación, lo que a su juicio respeta el principio de capacidad económica.

Apoya la equiparación del tratamiento dado a los dividendos y los intereses, como remuneración del capital aplicado a los procesos productivos, y si bien reconoció que ese modelo conllevaría, en principio, un ensanchamiento de la base imponible que debería ir acompañado de una reducción del tipo impositivo, coincidió con el profesor Albi en que este impuesto no tiene que tener un gran potencial recaudatorio, y en ese sentido aunque la muy difícil situación actual a puesto sordina a las últimas reformas aprobadas,  manifestó que en condiciones normales muchas de tales medidas hubiesen sido rechazadas como técnicamente inadecuadas.

Las operaciones vinculadas fueron apuntadas como el otro área de especial complejidad, denunciada por los trabajos sobre “BEPS” de la OCDE, siendo evidente la preocupación sobre dichas operaciones y las posibilidades de “shifting” que las mismas ofrecen, realidad que provoca una doble conflictividad, entre grupos multinacionales y jurisdicciones fiscales y ente distintas jurisdicciones fiscales, sobre la base de la existencia de un relevante desplazamiento por parte de los grupos empresariales multinacionales de rentas empresariales a jurisdicciones de baja fiscalidad, o por la adopción de disposiciones por las distintas jurisdicciones que, por ejemplo mediante regímenes como el “patent box”, permiten soluciones de tributación atenuada introduciendo un elemento de competencia fiscal entre jurisdicciones.

Frente a estas dificultades de aplicación del principio de empresa independiente, sugiere un reparto de bases imponibles según los mercados de actividad, alejado de las soluciones del modelo europeo de Base imponible común consolidada, y más en línea con el denominado “One way tax system” que establece el gravamen a cuenta de la dominante sobre la base imponible consolidada mundial del grupo, sometiendo a tributación a las dominadas en su jurisdicción y arbitrando un sistema de créditos fiscales entre las empresas y jurisdicciones implicadas.

Finalizó con una última consideración sobre el papel de la contabilidad dentro del impuesto, y los grandes avances en materia de “cultura” de la contabilidad y en particular de la consolidación contable, lo que hace posible a su juicio plantear el modelo comentado. Sin perjuicio de reconocer que no es pensable, en el corto plazo, que la reforma en estudio avale este modelo, que supondría en gran medida un salto en el vacío.

El turno de ponencias lo  cerró D. Ricardo Gómez Acebo, socio de Deloitte –una de las entidades que integran el patronato de la Fundación- que trató sobre “La internacionalización de la actividad empresarial: su adecuado tratamiento fiscal”.   En su ponencia, rechazó el uso del impuesto sobre sociedades como instrumento de política económica a corto plazo. No siendo el cauce idóneo para cumplir los objetivos de política económica a corto plazo, y produciendo al tiempo la quiebra de las expectativas de estabilidad que necesita el inversor internacional, y un claro quebranto a la seguridad jurídica de los proyectos ya en marcha.  

Desde la óptica de la atracción de capitales extranjeros a España resaltó la relevancia de los tipos nominales, a los que los analistas internacionales otorgan más continuidad y certeza que a los tipos efectivos, estimando conveniente reducir el tipo nominal del impuesto a un porcentaje que podría ser del 25%. Esa medida favorecería la neutralidad, al eliminar disparidades entre distintos tipos de empresas, restaría eficacia a las soluciones de planificación fiscal ilegítima y reduciría margen para  medidas a corto plazo de modificación del impuesto.

En todo caso, enfatizó el riesgo que esta medida supone para muchas empresas por el efecto de la reducción del tipo sobre los abundantes créditos fiscales asociados a gastos ya contabilizados pero aún no incluidos en las  bases imponibles  declaradas, aconsejando una cuidadosa transición en relación a ese posible cambio.

Ligado a lo anterior, propugnó la necesidad de un estudio metodológicamente solvente sobre tipos efectivos, para lo que resulta imprescindible la predisposición de la AEAT  a facilitar los datos estadísticos de explotación del impuesto.   Resaltó por lo demás, el error de considerar como incentivos fiscales- de susceptible eliminación- mecanismos que no lo son en absoluto; estimando en concreto que  las normas de evitación de la doble imposición interna e internacional, las reglas de compensación de bases imponibles negativas, o las de deducibilidad de los deterioros contables por participaciones en otras sociedades. No se trata de incentivos, sino simplemente reglas de buen funcionamiento de un impuesto sobre sociedades sano,  cuya quiebra determina indeseables situaciones de excesos de imposición.

A continuación denunció como la aplicación de la política fiscal de la UE, en búsqueda de garantía de reglas iguales para competidores europeos, supone en la práctica un resultado muy perjudicial para la actuación fuera de las fronteras europeas en condiciones de igualdad con empresas de terceros países. Y que a España esa política le ha resultado particularmente gravosa en expedientes como el de la deducción por actividades de exportación o el de fondos de comercio financiero.

Apostilló por lo demás, el rechazo al anacronismo que supone el régimen de módulos para las PYMES, en el marco del IRPF. Y desmintió con rotundidad la afirmación de que las grandes empresas no pagan impuestos, cuando las estadísticas de la propia Administración Tributaria avalan lo contrario, ya las 1000 mayores empresas del país pagan más del 50% de las cuotas liquidas del Impuesto sobre Sociedades y del IVA.

Insistió en distinguir dentro de la planificación fiscal internacional, la planificación legítima – que ayuda al cumplimiento de la Ley en las mejores condiciones posibles-, que es completamente necesaria, y la ilegítima; cuya persecución debe producirse preferiblemente con cambios normativos, tan rápidamente como se detecten los huecos o fallos de la norma en vigor, y no acudiendo a interpretaciones forzadas de normas que han devenido inadecuadas. Es preciso en todo caso, una acción administrativa rápida, que de difusión ágil al criterio de la Administración en la aplicación de las nuevas normas.

Postuló la conveniencia de crear nuevos instrumentos de resolución de discrepancias, que evitan tener que esperar a los pronunciamientos del Tribunal Supremo, tan dilatados en el tiempo y que no aportan solución adecuada a las mismas.   Finalizó deseando la aprobación de un Impuesto sobre Sociedades atractivo, sin dirigismo a corto plazo, y consensuado por el más amplio espectro de grupos políticos.

Una vez finalizadas las ponencias,  tuvo lugar la mesa debate, que contó con la presencia de los tres ponentes, de Doña Pilar González de Frutos y de otros dos representantes del patronato de la Fundación: D Jesús López Tello (Uría y Menéndez Abogados) y D. Alberto Estrelles (KPMG Abogados). El Sr, López Tello, desde su perspectiva como “aplicador de los impuestos”, apuntó primeramente que el tratamiento de las rentas empresariales no es sólo cuestión del impuesto sobre sociedades, y así había rentas empresariales cuya obtención quedaba fuera de su ámbito, como son las obtenidas por los empresariales y profesionales individuales y las obtenidas porlos no residentes.

En cuanto a las primeras, sometidas al IRPF, rechazó la aplicación de los actuales módulos, establecidos en su día como mecanismo para facilitar la gestión del impuesto y que no han servido para alinear la capacidad económica y el esfuerzo contributivo, propugnando su supresión y la vuelta a la estimación directa, o su mantenimiento pero con voluntad de gestión dinámica y de adecuación a  la realidad económica mediante su actualización permanente.

En cuanto a las rentas empresariales obtenidas por no residentes, reseñó que la economía y el comercio digital han roto los criterios tradicionales de vinculación entre tributación y territorio, que se deben revisar. En cuanto a las operaciones vinculadas manifestó su inevitable complejidad, que hay que asumir, perdiendo el miedo a legislar al respecto, pero sin dejar de lado los intereses nacionales, debiendo atenderse a la condición de España como jurisdicción esencialmente prestadora de servicios, buscando potenciar las ventajas competitivas de nuestros sectores más dinámicos en el concierto internacional. D. Alberto Estrelles alabó la exposición atractiva de Sanz Gadea y el carácter rompedor de las soluciones propuestas por él, por más que sean – como el mismo Sanz Gadea reconoció- poco viables; pero que tienen no obstante aspectos aprovechables, como la búsqueda de una mayor neutralidad entre las distintas fuentes de financiación.

Propugnó en términos generales la necesidad de una reforma del impuesto, que actúe de manera anticíclica, y lo haga de manera estable. En cuanto a las relaciones entre contabilidad y base del impuesto, consideró que las normas de adaptación fiscal al Nuevo Plan General Contable han resultado insuficientes, pudiendo enumerar hasta 68 motivos de ajustes extracontables consignados en el modelo de declaración del impuesto, estimando deseable una mayor convergencia aunque no de manera radical.

Apuntó ciertos casos, a modo de ejemplo y sin ánimo de ser exhaustivo, en los que hay que revisar cuidadosamente esa relación impuesto, contabilidad, buscando tal vez nuevas soluciones: en cuanto a las rentas de instrumentos financieros mantenidos para negociar, los deterioros contables en las participaciones de cartera revisando la última reforma del art.12.3 de la Ley del impuesto, tratamiento de las rentas producidas como consecuencia de las relaciones  socio- sociedad, o por último estableciendo las restricciones al endeudamiento y la deducibilidad de los gastos financieros por referencia al Grupo Consolidado mercantil, como sucede en Alemania. Siguió a continuación un debate abierto entre los miembros de la mesa y el público asistente hasta la hora de finalización del acto, que fue despedido por Dª Pilar González de Frutos agradeciendo a todos la asistencia y participación.

Anexos:

Programa de la Conferencia

“Tratamiento de las rentas empresariales, especial referencia al impuesto sobre sociedades”, Emilio Albi

“Tratamiento fiscal actividad internacional”, Ricardo Gomez Acebo del Solar

“Las soluciones del impuesto sobre Sociedades”, Eduardo Sanz Gadea

Primera Conferencia sobre la Reforma Tributaria, según Ginés: “Los condicionantes esenciales de la reforma del sistema tributario español”

Primera Conferencia sobre la Reforma Tributaria, según Ginés: “Los condicionantes esenciales de la reforma del sistema tributario español”

Madrid, octubre de 2013.- La Fundación Impuestos y Competitividad reunió el pasado mes de octubre de 2013 a varios expertos en Derecho Tributario en la sede de la Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE para discutir los diferentes aspectos que contempla la reforma actual del Sistema Tributario español. Esta conferencia pertenece al ciclo sobre La reforma del sistema tributario: su análisis desde la perspectiva de la empresa y el objetivo de la competitividad”, organizado por la Fundación.

Abrieron el acto D.Iñigo Navarro Mendizábal en representación de la Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE y D. Mario Lara Sanz, socio de PwC, en su calidad de presidente de la Fundación Impuestos y Competitividad, quien recordó que el objetivo principal de la Fundación, cuyos patronos son ocho de las mayores firmas de servicios jurídico tributarios de España, es la revisión, innovación y mejora del ordenamiento y la práctica tributarias de España y la Unión Europea, en beneficio de la competitividad de la economía española y de la Unión Europea.

El acto contó con tres ponencias y un debate final. La primera parte de la charla se centró en “el marco internacional: el equilibrio entre la consolidación fiscal y la competencia fiscal internacional” y estuvo a cargo de D. César García Novoa, catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Santiago de Compostela. García Novoa ha comentado la cabida dada por el Tribunal Supremo en nuestro ordenamiento jurídico al denominado “derecho blando” (“soft law”), uno de cuyos exponentes son las resoluciones de la OCDE , y  ha criticado abiertamente la interpretación dinámica de los Convenios para evitar la doble imposición internacional seguida por nuestros tribunales en casos reseñables, como las Sentencias Roche u Oracle.

Dentro del enfoque general ha reseñado como la presión de la competencia fiscal internacional forma también parte del marco internacional al que debe atender la reforma del sistema.

En cuanto a medidas que debería incorporar la futura reforma ha citado, por un lado, la obligada incorporación de los criterios en materia de precios de transferencia de la Guía de la OCDE de 2010, la reducción del tipo impositivo del impuesto sobre sociedades y la necesidad de mantener el incentivo a la internacionalización de la empresa española, que admite la posibilidad de crear sucursales o filiales, e incluso reconocer el derecho al aprovechamiento de los regímenes fiscales más beneficiosos. Y, por otro, posibilitar la mejora del tratamiento de los trabajadores desplazados y la revisión del régimen de impatriados, la mejora del tratamiento del patent box, efectuando una visión crítica de la reforma introducida con la Ley del emprendedor, y revisar las medidas de restricción de la deducibilidad de los gastos financieros, modificando el criterio de determinación del EBITDA, y acogiendo la fórmula alternativa de la propuesta LODIN.

La segunda ponencia vino de la mano de D. Juan López Rodríguez, doctor en Derecho e Inspector de Hacienda del Estado, quien habló sobre “la unión Europea, las exigencias de armonización fiscal y convergencia y los imperativos de la crisis”. López ha efectuado un amplio análisis de los condicionantes de índole comunitaria en cuanto a los distintos impuestos, considerando necesario el incorporar a nivel de la Ley General Tributaria una adecuada regulación de dichos condicionantes sobre el conjunto del sistema.

De otro lado, ha diagnosticado el actual sistema tributario como insuficiente en el aspecto recaudatorio, ineficiente por su excesivo gravamen a los factores productivos  en comparación con la fiscalidad soportada por el consumo, y no neutral por la abundancia de incentivos y reducciones.

Como medidas concretas de reforma ha respaldado en el IVA la revisión de los tipos reducidos y superreducidos; y el incremento de la tributación medioambiental (en particular en el tratamiento del agua, algún incremento de los impuestos especiales  y una revisión del impuesto municipal sobre vehículos desde parámetros de índole medioambiental). En cuanto al IRPF e I. Sociedades propugna la supresión de incentivos y beneficios (como la adquisición de vivienda o las previstas para planes de pensiones) y además el incremento del gravamen patrimonial, menos perjudicial para el crecimiento económico.

En referencia al problema de la lucha contra el fraude, otro de los objetivos irrenunciables de la reforma, destacó la necesidad de dotar a la Agencia Tributaria española de mayores medios para este fin, ya que en comparación con otros países, la Agencia Tributaria cuenta con recursos escasos para esta actividad.

El turno de ponencias finalizó con D. Roberto Fernández Llera, economista y doctor por la Universidad de Oviedo, quien trató sobre “la estructura territorial del Estado, la fiscalidad autonómica y local”. En relación con ello, Fernández Llera puso de relieve la asimetría existente en el sistema actual que adolece de un gran desequilibrio causado por la disparidad  en el reparto de los ingresos y los gastos públicos entre el Estado y las Comunidades Autónomas.

Fernández Llera defendió la necesidad de profundizar en la autonomía tributaria de las Comunidades Autónomas y en la corresponsabilidad fiscal por parte de las mismas con un doble límite infranqueable: el mantenimiento de la unidad de mercado y el respeto a la normativa de la UE. Con este fin, reflexionó sobre la posibilidad de que la Administración Central del Estado establezca unas bases mínimas armonizadas en relación con los impuestos en los que las Comunidades Autónomas tengan capacidad normativa, asegurando así una deseable homogeneidad en los regímenes tributarias de las distintas Comunidades.

En relación con las haciendas locales, Fernández Llera manifestó que la crisis ha agravado la insuficiencia financiera endémica del sistema que viene de lejos.

Entre las medidas más destacadas en el ámbito tributario, el economista mencionó el fortalecimiento del Impuesto sobre Actividades Económicas para gravar las rentas de actividades económicas, ya que este impuesto ha sufrido una amplia desfiscalización en los últimos años, y se manifestó a favor del gravamen sobre los grandes patrimonios, en especial los ociosos . Desde el punto de vista hacendístico, Fernández Llera reflexionó sobre la posibilidad de que  el Estado ceda a los Ayuntamientos de más de 20.000 habitantes una parte de la recaudación de los principales impuestos (IVA, IRPF, etc.)

Una vez finalizadas las ponencias, ha tenido lugar la mesa debate, que ha contado con la presencia de los tres ponentes, de Doña Pilar González de Frutos en representación de CEOE, y de tres representantes del patronato de la Fundación: D. Federico Linares (Ersnt&Young Abogados), Ricardo Gómez Barreda (J&A Garrigues) y D. Miguel Cruz (PwC Tax & Legal Services).

D. Federico Linares defendió la necesidad esencial de que la reforma arroje un sistema tributario
que refuerce la seguridad jurídica mediante la estabilidad normativa. En particular apuntó que el modelo actual del Impuesto sobre Sociedades está obsoleto, en crisis y necesita una reforma integral que, en el caso de los
grupos radicados en España con proyección internacional, permita ampliar las bases imponibles del impuesto tributables en España, capturando bases generadas en otros países mediante el refuerzo de figuras como el “Patent Box” los Acuerdos Precios de Valoración en relación con los precios de transferencia, etc, pero sin aumentar en términos globales la tributación sobre las empresas.

Por su parte, D. Miguel Cruz apuntó la ausencia de un debate social previo, serio y riguroso en torno a la reforma integral del sistema tributario español, tal y como existe en otros países, como es el caso del Informe Mirrlees en el Reino Unido. Apuntando, por otro lado, como la reforma en España parece estar intervenida o marcada por las recomendaciones recibidas desde la UE.

D. Ricardo Gómez Barreda apuntó la necesidad de cuestionar el mapa local y autonómico español con más de 8.000 municipios y 17 Comunidades Autónomas respectivamente en el marco de la reforma del sistema tributario, todo ello en beneficio de la competitividad y la unidad de mercado y la reducción de las distorsiones que genera la competencia fiscal interna entre los distintos territorios. Resaltando como los ciudadanos y las empresas no entienden las desigualdades.

Y,  por último, Dª Pilar González de Frutos agradeció la invitación por parte de la Fundación y al tiempo de clausurar el acto  anticipó que CEOE está trabajando en una serie de recomendaciones en el marco de la reforma del sistema tributario en España, enfatizando que la reforma no puede en ningún caso frenar u obstaculizar la expansión internacional de la empresa española o, a la inversa, la llegada de inversiones extranjeras. Y, en materia de fiscalidad autonómica y local, exigiendo que el Estado cumpla las competencias que el ordenamiento le atribuye y haga compatible el ejercicio de las competencias tributarias de las comunidades autónomas y las corporaciones locales con las exigencias del mercado único.

 Acceda al contenido de las ponencias:

Programa de la Primera Conferencia

Ponencia de Cesar Garcia Novoa El marco internacional

Ponencia Juan López Rodriguez El contexto Europeo

Ponencia de Roberto Fernández Llera Estructura territorial

Propuestas de Reforma del Marco Legislativo de la Fiscalidad Inmobiliaria

Propuestas de Reforma del Marco Legislativo de la Fiscalidad Inmobiliaria

El sector inmobiliario ha sido una de las piezas clave que ha sostenido el crecimiento de la economía española en los últimos años. Sin embargo, la situación  actual exige el planteamiento de nuevas medidas que contribuyan a revitalizar la actividad inmobiliaria de España, de manera que siga teniendo un papel preferente en el nuevo modelo económico que resulta de la actual coyuntura.

Con ese objetivo, la Fundación Impuestos y Competitividad ha publicado, de la mano de la editorial e-Praxis, su primer libro bajo el título Propuestas de Reforma del Marco Legislativo de la Fiscalidad Inmobiliaria. La publicación pretende identificar los principales problemas que presenta la actual normativa de fiscalidad inmobiliaria  y ofrece una serie de recomendaciones y propuestas de mejora que, partiendo de lo acertado del actual régimen fiscal, permitan acometer una revisión de la normativa aplicable a la actividad inmobiliaria.

En el estudio, coordinado  por Uría Menéndez  en el seno de la Fundación Impuestos y Competitividad, han participado representantes del mundo académico, del ámbito del asesoramiento fiscal y de algunas de las empresas más significativas del sector analizado. El resultado es un documento que evalúa la situación actual a través de un análisis hacendístico-competencial, centrado en la incidencia de la actividad inmobiliaria en la economía española y en el sistema tributario y de un análisis técnico-tributario en el que se analizan las distintas figuras impositivas que afectan al sector inmobiliario y se ofrecen una serie propuestas de mejora allí dónde se consideran necesarias.

La Fundación Impuestos y Competitividad considera necesaria una profunda reflexión sobre la configuración de la fiscalidad en el sector inmobiliario y aspira a ofrecer las bases para esta reflexión a través de la publicación del libro.

Acceda al texto íntegro del trabajo: Propuestas de Reforma del Marco Legislativo de la Fiscalidad Inmobiliaria

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Estudio sobre nuevos gravámenes en el sector financiero

Estudio sobre nuevos gravámenes en el sector financiero


Atendiendo a un asunto de indudable actualidad, la Fundación ha promovido un estudio sobre Nuevos gravamenes sobre el sector financiero, que ha sido desarrollado por KPMG Abogados, bajo la dirección de D: Victor Mendoza Díaz Aguado socio del área  fiscal de dicha firma.

El citado estudio revisa en profundidad tanto la propuesta de la Comisión Europea para la eventual introducción de un gravamen sobre las transacciones financieras como las propuestas que, desde otros foros internacionales, se han venido efectuando en ese mismo sentido; analizando las concretas medidas adoptadas en otros Estados, principalmente del ámbito comunitario, así como el panorama actual existente en España. Adicionalmente, dicho estudio ha sido complementado con un estudio de “impacto econométrico”, desarrollado por el catedrático de la UNED D. José María Labeaga, que trata de anticipar cuales serían los efectos de la implantación del gravamen propuesto por la Comisión Europea en España

Para facilitar el conocimiento del proyecto, y contribuir a la divulgación de sus conclusiones, la Fundación permite el libre acceso al informe ejecutivo (del que facilitaremos en los próximos días una versión en inglés), y al informe íntegro de resultados, incorporados a sendos archivos PDF.

La FUNDACIÓN IMPUESTOS Y COMPETITIVIDAD realizó el 22 de enero de 2013 la presentación íntegra de este proyecto y celebró un acto de presentación, organizado como mesa redonda, con una muy breve exposición de las principales conclusiones de los estudios promovidos por la Fundación, y un posterior debate al respecto, abordando las ventajas e inconvenientes de la eventual implantación en España de un gravamen sobre las transacciones financieras.

En la presidencia del acto, junto al Presidente de la Fundación y  los autores de los trabajos,- D. Victor Mendoza y D. José María Labeaga- se contó con la presencia de Diego Martín Abril, Director General de Tributos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas,  estando confirmada la asistencia de representantes de los principales sectores empresariales afectados por estas medidas.

El acto de presentación tuvo lugar el 22 de enero de 2013 en las instalaciones de CECA, sitas en la  C/Caballero de Gracia 28-30. Madrid.

Resumen ejecutivo Nuevos gravamenes sector financiero

Informe completo Nuevos gravamenes sector financiero

Executive summary. New taxes on the financial sector

Informe análisis impacto económico

Resumen ejecutivo Informe análisis impacto económico

La percepción de las grandes empresas del sistema fiscal español

La percepción de las grandes empresas del sistema fiscal español

El 5 de julio de 2012 se presentó el informe ejecutivo del estudio La percepción de las grandes empresas del sistema fiscal español, trabajo de investigación sobre el sistema fiscal español realizado por la Universidad Pontificia Comillas (ICAI-ICADE), bajo el auspicio de la Fundación Impuestos y Competitividad.

Tras la definitiva ultimación del trabajo, se difundió asimismo el informe completo que analiza en profundidad las conclusiones de dicha encuesta, dirigida a las empresas con implantación en España cuya cifra de negocio en 2010 superó los 50 millones de euros.

Se trata del primer trabajo de estas características realizado en España por iniciativa privada y sus resultados permiten conocer la valoración de nuestros grandes empresarios sobre el sistema fiscal; saber cuál es su estado de opinión en relación a la normativa fiscal vigente; hacer una aproximación a cómo son sus relaciones con la administración tributaria y a sus demandas de mejora al respecto; y perfilar sus opiniones respecto de la aplicación del sistema tributario y de los procedimientos de revisión administrativa y judicial en vigor.

Para facilitar el conocimiento del proyecto, y contribuir a la divulgación de sus conclusiones, la Fundación permite el libre acceso al informe ejecutivo (del que existe asimismo una versión en inglés), y al informe íntegro de resultados, incorporados a sendos archivos PDF; y se ofrece además a facilitar la información adicional que los expertos interesados en la materia puedan solicitar.

Informe Ejecutivo

Executive Report

Informe completo